Ayudando a la Sunat

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“El enfoque proformalización del Estado se rige hoy bajo conceptos que solo aplican para aquellos empresarios que los dictan y no toma en consideración la realidad de los emprendedores”.Fernando Calmell del Solar

FERNANDO CALMELL DEL SOLAR
DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DE PERÚ (ASEP)

Sin duda, la informalidad es uno de los peores males que aquejan al Perú. A pesar de todos los intentos que se han dado por combatirla en los últimos 25 años, poco se ha logrado. Peor aún, según declaraciones del titular de Produce, Pedro Olaechea, ante la Comisión de Producción del Congreso realizadas el 5 de setiembre, en el 2017 el crecimiento de la formalización se ha frenado comparado con los últimos 5 años.

El enfoque proformalización del Estado se rige hoy bajo conceptos que solo aplican para aquellos empresarios que los dictan y no toma en consideración la realidad de los emprendedores. Esta realidad responde casi siempre a una economía de comportamiento y no a un análisis económico empresarial (como lo demuestra una encuesta publicada en este Diario el 3 de julio del 2017, según la cual el 47,6% de emprendedores no se formaliza porque no lo considera necesario y porque lo ve como un riesgo para su negocio).

Por eso desde la Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP) venimos trabajando en el desarrollo de nuevas propuestas de ley con un enfoque inverso. Esta vez, desde la perspectiva del emprendedor, en conjunto con las instituciones del Estado, para ahora sí obtener otros resultados. Es dentro de este marco que la ASEP apuesta por colaborar con el desarrollo, junto al congresista Miguel Torres, del proyecto de ley 626, Ley de Alertas Educativas (que fue discutida, modificada y aprobada en la Comisión de Producción por, en esos tiempos, los congresistas Choquehuanca y Olaechea, actuales ministros). La norma, ya aprobada por el pleno del Congreso pero observada por el Ejecutivo, busca apoyar a las mypes y cambiar la percepción de la Sunat sobre ellas.

Se ha dicho mucho sobre este proyecto de ley. Algunas voces buscan que este se replantee, pues aseguran (quizás por falta de conocimiento) que en su forma actual va a perjudicar al Estado. Un ejemplo de argumentos inexactos lo encontramos en el artículo “Abusando de la Sunat” de José Ignacio Beteta, publicado en esta misma sección el 20 de octubre.

Para dejarlo claro: la iniciativa propone que la Sunat se rija bajo el derecho fundamental de la presunción de inocencia. Y funciona de la siguiente manera:

Según el artículo 172 del Código Tributario vigente, existen más de 70 infracciones tributarias que se agrupan en seis grandes tipificaciones.

En el caso de las microempresas, por ejemplo, la ley pide que se condone –previo sustento del empresario– una multa por cada una de las seis tipificaciones existentes. Es decir, al microempresario se le perdonará un total de seis multas siempre y cuando sean de diferente tipificación (si comete dos infracciones de un mismo tipo, deberá pagar la multa por la segunda).

Y en el caso de las pequeñas empresas, la condonación se dará solo una vez sin importar la tipificación de la falta. De manera que la segunda infracción (cualquiera sea esta) se tendrá que subsanar conforme lo estipulado en el código. Y sí, es muy improbable, como dice el señor Beteta, que estas pequeñas empresas (4,5% del total de beneficiados) cometan un error, pero el conocimiento no va de acuerdo con las ventas, por lo que incluirlas en la ley no afecta en lo absoluto la situación de la recaudación y, más bien, colabora con cambiar la imagen de la Sunat ante los micros que “no llegan” a crecer.

Respecto a las capacitaciones, queda indicado en la ley que este punto deberá ser reglamentado por la Sunat, de acuerdo con sus capacidades y criterio. No tiene que ser un curso de Harvard sobre contabilidad y tributos, pues es suficiente que, por ejemplo, la capacitación sea hecha por el mismo funcionario que visita a la empresa cuando ha cometido un error, ayudado de materiales didácticos. O podría darse en los nuevos centros de desarrollo empresarial (CDE) promovidos por Produce, con un costo que deberá asumir el emprendedor y que será sustancialmente menor a tener que terminar cerrando la empresa o pasar a la informalidad, como sucede muchas veces por el nivel de penalidad.

En conclusión, el microempresario tiene solo seis oportunidades de acogerse a esta ley por todas las empresas en las que participe y así seguir trabajando. El pequeño empresario, una sola. Por lo que esta nueva ley no le costará al Estado. Por el contrario, generará más ingresos en el largo plazo, ya que se prolongará la vida de estas empresas y contribuirá a cambiar la cara de la Sunat, de enemigo a amigo, colaborando con el desarrollo de los emprendedores y la formalización del país.

Artículo extraído del Diario El Comercio