El Congreso de la República ha presentado una propuesta legislativa destinada a impulsar la formalización y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mypes) mediante un régimen de gracia tributaria durante un periodo de dos años contados partir de la fecha de su constitución legal, que exoneraría a estas empresas del pago del Impuesto a la Renta y de/Impuesto General a las Ventas (IGV).
Asimismo, la propuesta legislativa plantea otros beneficios como la exoneración de inspecciones laborales por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) durante un periodo de tres años y del pago de contribuciones a la seguridad social durante un periodo de dos años contados a partir de su formalización.
No obstante, la interrogante que plantea esta propuesta es si este nuevo régimen logrará incentivar a más mypes a formalizarse y cumplir con sus obligaciones tributarias o, por el contrario, resulta una iniciativa arriesgada.
Al respecto, si bien la propuesta plantea incentivos para la formalización de las mypes, las medidas planteadas no abordan las causas estructurales de la informalidad, fomentan una cultura de dependencia del estado y desincentivan el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociolaborales.
En esa misma línea, la exoneración de inspecciones por parte de SUNAFIL, salvo en los casos de flagrante vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores o cuando existan denuncias fundadas, es una propuesta arriesgada que afecta el adecuado cumplimiento de las normas de orden sociolaboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales, entre otros. Dicha medida propone la intervención de SUNAFIL cuando el bienestar y los derechos de los trabajadores ya han sido vulnerados de manera insubsanable.
Consideramos que la medida para impulsar la formalización de las mypes debería enfocarse en crear incentivos sostenibles y a largo plazo, tales como la simplificación de los procesos administrativos, reducción de costos, fácil acceso a financiamiento, entre otros. De implementarse estas medidas, se corre el riesgo de que el efecto de la norma sea insuficiente e incluso agrave los problemas que busca resolver.
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Análisis por Álvaro Carrera Dongo
Abogado por la Universidad de Lima con más de 9 años de experiencia profesional y con especialización en Derecho Corporativo, Societario y Derecho en el Entorno Digital.
